SEÑALES DESTACABLES EN MATERIA AMBIENTAL

Probablemente hay mucho por hacer en este lento proceso que es incorporar la dimensión ambiental al desarrollo. Quizás es más lenta aún la incorporación de esta dimensión en la "mente, enfoque y cultura" de quienes toman decisiones, tanto en el sector público como en el privado. Lo importante es que esta cultura vaya "madurando" y "masificándose", y que todos vayan "empoderándose" del tema.

Desde el punto de vista de los actores públicos, hay una afirmación previa y necesaria: La Gestión Ambiental no le corresponde a CONAMA - como comúnmente se piensa - , sino que al conjunto de organismos públicos que ejercen funciones relevantes en materia ambiental, teniendo este Organismo el rol de Coordinación, dirección global y gestión que le asigna la Ley 19.300. Dicho lo anterior, me parece importante destacar las actuaciones de la Contraloría General de la República, del Consejo de Defensa del Estado, y la línea de conducción que la Ministra de Medio Ambiente está imprimiendo en el ejercicio de su cargo.

La Contraloría General de la República objetó recientemente el permiso para construir una planta de gas de respaldo en la comuna de Peñalolén, por considerar que la autorización provisoria entregada por Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) metropolitana a la empresa Metrogas “no se ajusta a derecho”. debido a que el sector donde la firma Metrogas pretende levantar una instalación de respaldo para la capital se encuentra actualmente protegido por la categoría de ''zona de preservación ecológica'' en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

Este pronunciamiento se emite en un contexto dificil, ya que hay un sentido de urgencia colectiva para lograr generar nuevas fuentes energéticas para el 2008. Pero la "urgencia" no puede ceder paso a la omisión de respetar la normativa vigente en materia ambiental. La urgencia energética no puede ser excusa para lesionar la protección de valores ambientales, reconocidos como tales, en especial cuando legalmente cuentan con un estatuto de Protección. Surge allí la pregunta: ¿Cual es el límite para actuar? Quizás frente a una "urgencia" mayor, deba re-evaluarse las prioridades. Aún así, nunca, en nuestro país, querríamos ver la ruptura del Estado de Derecho. El dictámen en comento es un llamado de atención en este sentido y es un gran "punto a favor" del nuevo Contralor General, abogado Ramiro Mendoza. En todo caso no es de extrañar la labor de Contraloría, ya que en materia ambiental, en forma menos ostensible que otros organismos, viene desarrollando una interesante labor fiscalizadora desde hace ya varios años.

Por otra parte, aunque la labor del Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha sido más visible en materia ambiental, a través del ejercicio de la acción por daño ambiental, también nos ha parecido relevante la noticia que da cuenta de la demanda que ha interpuesto el Organismo ante el Cuarto Juzgado de Letras Civil de Santiago. En ella se solicita al Tribunal que ordene la demolición de alrededor de 20 viviendas al interior de dos parcelas en el sector de la comuna de Lo Barnechea, Quebrada de Huallalolén. En resumen, la demanda se sustenta en que según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) es claro el caracter de "zona de preservación ecológica" establecido en la cuenca de Santiago por sobre la cota de los 1.000 metros, en la cual no está permitida la construcción de viviendas, pudiendo construirse zonas de equipamiento y recreación (puede revisarse en "El Mostrador").

Lo anterior nos merece preguntarnos como pudo obtenerse por los propietarios de estas vivienda los permisos de construcción respectivos -en el caso de haberlos solicitado y no ser construcciones francamente ilegales -. Sin embargo lo destacable es que el CDE, en forma sistemática, ha ido fortaleciendo el ejercicio de las funciones que en esta materia le otorga la Ley Nº 19.300, con la "autonomía" que corresponde al Organismo, y en especial, a la de quienes forman parte de él. También destacable. En Chile las presiones de algunos actores políticos y empresariales frente a señales claras de los organismos tutelares del Estado de Derecho son fuertes, por vedadas y subliminales que ellas sean, por lo que también nos parece importante destacar positivamente la acción emprendida por el Consejo.

Estas dos noticias son un buen ejemplo, también, de como la gestión ambiental, en el seno del Estado, es naturalmente compartida por prácticamente todos los organismos públicos, lo que refuerza el rol compartido que a éstos les cabe en la "Gestión Pública del Ambiente".

Me reservo para el final otra actuación destacable: la de la nueva Ministra del Medio Ambiente, abogada Ana Lya Uriarte. Esta vez, en relación a la inevitable pero sana discusión de los proyectos de construcción de las centrales hidroeléctricas en la XI Región de Aysén, en la que igualmente, apelándose a un sentido de urgencia energética y a una cuestión estratégica (mayor autonomía energética) se ha justificado su construcción. No obstante las declaraciones favorables de altos personeros de Gobierno, la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, ha sido parca y prudente en las declaraciones que respecto de estos proyectos se le han solicitado. A diferencia de otras administraciones anteriores, y de las declaraciones de otros personeros de gobierno, la Ministra ha señalado a la prensa, días atrás, que Uriarte aseguró no sentirse presionada por estos comentarios porque “la decisión medioambiental de cualquier proyecto de inversión está radicada en Conama”. Agregó que “Nuestro país vive un problema energético completo, pero el costo no lo va a pagar el medio ambiente. Las malas decisiones traen malas consecuencias. En materia ambiental tomaremos buenas decisiones y dentro de los procedimientos legalmente establecidos. Mi tarea es garantizar que se cumpla la normativa y el ciudadano espera de esta ministra imparcialidad”. (Publicada el 2 de agosto de 2007 en EMOL: Directora Conama: Medio ambiente no pagará por crisis energética. En el cargo de Ministra del Medio Ambiente, debemos entender que esta postura - prudente y no prejuiciada - obedece a una política de Estado impulsada por la propia Presidenta Bachellet. Parecen haber quedado atrás los tiempos de declaraciones en las que "el desarrollo está primero que el medio ambiente".

Ninguna duda cabe entonces, que los tiempos que están corriendo hoy en día, están comenzando a ser más favorables para la necesaria armonización entre sustentabilidad ambiental y desarrollo económico. El debate es más transparente, hay mayor participación, y como señalamos al inicio, parece ser que el "empoderamiento" de las funciones ambientales por los mencionados organismos del Estado es un ejemplo de que las soluciones deben ser concordadas y que no puede haber una primacía del desarrollo en detrimento del ambiente, ya que lo uno sin lo otro ha dejado de ser "desarrollo".